El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI, por sus siglas en inglés) tiene entre sus objetivos apoyar proyectos que aborden la complejidad de sistemas socio-ecológicos como las ciudades a través de enfoques transdisciplinarios. Es cierto que las grandes ciudades exhiben una mayor productividad económica y posibilitan el acceso a vivienda y servicios, y por ello se han considerado como una solución a los problemas de desarrollo de muchos países. No obstante, el desarrollo urbano ha sido inequitativo. El proyecto “Haciendo Frente a los Riesgos Hidrológicos en las Megaciudades: Marco de Planeamiento Cooperativo para el Área Metropolitana de la Ciudad de México” (CRN 3108) que aquí se presenta aborda el difícil problema de cómo se puede evaluar qué tan sostenibles son las grandes ciudades en el contexto de vulnerabilidad al cambio global. Los resultados aportan información utilizable en la formulación de las medidas de adaptación que inevitablemente se tendrán que tomar para disminuir la vulnerabilidad de esta ciudad. Asimismo, la metodología desarrollada en este proyecto financiado por IAI se puede generalizar y aplicar a otras grandes ciudades del mundo en desarrollo. Las lecciones aprendidas constituyen enseñanzas relevantes para otras investigaciones transdisciplinarias que se desarrollen en contextos similares.

Las megalópolis son “focos rojos” (hotspots) vulnerables al cambio climático y enfrentan retos sociales e institucionales para su adaptación. El proyecto MEGADAPT abordó el reto de reducir la vulnerabilidad al cambio climático ante el aumento de inundaciones, la escasez crónica de agua y los riesgos asociados a la salud en la Ciudad de México, una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.

Compendio de experiencias latinoamericanas y herramientas legales para la defensa de las semillas en México. Semillas para el bien común es resultado del trabajo y reflexión colectiva de académicas, funcionarias públicas y miembros de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado y defensa de las semillas.

En 2009 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició el proceso de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico. Para su seguimiento se estableció un Comité de Ordenamiento Ecológico, el cual está integrado por representantes de 11 dependencias de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los estados de Baja California y Baja California Sur y de los sectores que desarrollan actividades en la región: pesca industrial, pesca ribereña, minería, turismo, acuacultura, agricultura, transporte marítimo y conservación.

El estudio técnico que sustenta la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico fue elaborado en el Área de Planeación Colaborativa, el cual incluyó la participación de investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR), del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.

Dicho estudio se desarrolló con base en un esquema transdisciplinario, en el que participaron especialistas de diversas disciplinas, autoridades de los tres órdenes de gobierno y miembros de la sociedad civil.

La información completa sobre este proceso se puede consultar en la bitácora ambiental en la página de internet de la SEMARNAT.

En abril del 2014 la Comunidad Rarámuri de Bosques de San Elías Repechique interpuso un juicio de amparo (Exp. 422/2014) en contra de autoridades del Gobierno estatal y federal por la falta de consulta previa, así como por las afectaciones causadas por la construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre, en la localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.

El 27 noviembre de 2014 el Juez Octavo de Distrito concedió el amparo a favor de la comunidad. En los términos de la sentencia, el Gobierno del Estado debía realizar la consulta dentro del ámbito regional de la comunidad, previo a la continuación de la construcción del aeropuerto. En el desarrollo de la consulta, las autoridades en cooperación con la comunidad, debían “evaluar el impacto social, cultural, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que la construcción del aeropuerto produjo y producirá sobre la comunidad.”

Ello incluía la realización de “estudios por entidades independientes y técnicamente capaces, conforme a los estándares internacionales, respetando las tradiciones y cultura del pueblo indígena, lo que implica el derecho de ésta a intervenir y ofrecer elementos que demuestren, entre otros, el perjuicio que les cause y causará la construcción u operación de la citada terminal aérea”.

Asimismo, la sentencia señala: “Una vez concluida la consulta, las autoridades deberán tomar acciones inmediatas, según lo convenido, que resultarán adecuadas, conforme a su competencia, para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad indígena por la construcción del aeropuerto".

Más adelante, especifica que los acuerdos de solución para prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la supervivencia de la comunidad indígena, deben entenderse “según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la capacidad de preservar, proteger y garantizar la relación especial que el poblado indígena tiene con su territorio, de tal forma que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas".

En 2015, la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC), asociación civil que apoyó a la comunidad en el proceso legal, solicitó al Dr. Bojórquez, llevar a cabo un peritaje para evaluar las afectaciones materiales e inmateriales generadas por la construcción del Aeropuerto.

En agosto de 2015 un equipo de investigadores y técnicos de LANCIS, llevaron a cabo el trabajo de campo y los análisis para reunir las evidencias necesarias para la evaluación.

La valoración de las afectaciones siguió el enfoque de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Bajo este enfoque, las afectaciones se valoran con respecto al derecho de la comunidad de contar con un ambiente propicio para el disfrute de una vida prolongada y saludable, la adquisición de conocimientos y el logro de un nivel de vida digno.

Metodológicamente, el peritaje se basó en el marco analítico de vulnerabilidad de medios de vida. Este marco permite caracterizar la capacidad adaptativa de la comunidad para ajustarse favorablemente a cambios en el largo plazo, sin perder su identidad. Dicha capacidad se mide en términos de cinco tipos de “capitales”-financiero, físico, humano, natural y social. Los capitales se refieren a los recursos de los que disponen los hogares de la comunidad para satisfacer sus necesidades, llevar a cabo sus tareas y perseguir un nivel de vida digno, conforme a su propia cosmogonía y creencias.

Las evidencias sobre los efectos de la construcción del aeropuerto sobre los capitales considerados en este peritaje se obtuvieron a través del registro de testimonios directos de la comunidad, de registros fotográficos, del análisis de la calidad del agua de los aguajes en áreas aledañas, del peritaje antropológico y de la revisión de literatura especializada.

Además, se utilizó una técnica de modelación multicriterio para examinar la eficacia de diferentes medidas propuestas para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones del aeropuerto.

Los resultados del peritaje demostraron afectaciones a los aguajes, a la red de veredas, a la seguridad del hogar, a los nexos comunitarios, al territorio y a la identidad cultural de la comunidad. Dichas afectaciones constituían daños tangibles y severos que incrementan la vulnerabilidad de los hogares de la comunidad a niveles inaceptables. Con estas bases, se presentan alternativas viables para minimizar la vulnerabilidad de medios de vida y maximizar la capacidad adaptativa de la comunidad.

El 8 de septiembre de 2015 el Dr. Bojórquez entregó el dictamen pericial en el juzgado. Con base en este peritaje, el 9 de septiembre la comunidad presentó ante el juzgado, las propuestas acordadas para la reparación de las afectaciones.

Como resultado de las reuniones entre la comunidad y las autoridades estatales para conciliar las medidas de mitigación y remediación, se acordaron medidas que incluyen: la realización de acciones de reforestación y conservación de suelo, el establecimiento de una vereda y la rehabilitación de los cuerpos de agua. Asimismo, el pago de una indemnización de 65 millones de pesos, que se asignarían a través de un fideicomiso público autorizado por el Congreso del Estado en un plazo de 7 años.

El frijol es uno de los cultivos de mayor importancia en México y el mundo. Domesticado desde hace al menos tres mil años por nuestros antepasados en Mesoamérica y los Andes, hoy es un elemento básico de nuestra alimentación, posee un incalculable valor cultural y es sembrado y comido en el planeta entero